Los grandes propietarios de viviendas denuncian la escalada de la okupación con la ‘técnica Telepizza’.
La okupación ilegal se mantiene como una de las mayores preocupaciones de los propietarios de viviendas en España. Y en especial de los grandes tenedores, que denuncian que tanto las tácticas que utilizan las mafias para entrar en los inmuebles como el dinero que exigen para abandonarlos están a la orden del día en diferentes puntos del país.
Una de las más famosas es la conocida ‘técnica Telepizza’, que permite a los okupas disponer de un ticket antes de entrar a la vivienda para justificar posteriormente que están residiendo en ella y evitar así el desalojo inmediato.
Según explican los grandes propietarios de viviendas en España, principales afectados de esta táctica, el funcionamiento es sencillo: cuando los okupas tienen claro que van a entrar en una vivienda en concreto, piden una pizza a domicilio con la dirección, esperan al repartidor en el portal y recogen el pedido con el ticket. Pasadas 48 horas, entran en el inmueble y si suena la alarma o acude la policía por el aviso del propietario o de un vecino, enseñan el ticket para acreditar que llevan ya dos días en la vivienda e impedir así que les puedan desalojar en ese momento, ya que el caso pasaría a los tribunales.
Desde el sector inmobiliario aseguran que esta táctica no es nueva, sino que se lleva produciendo desde hace años, como reconoce Montserrat Junyent, responsable de Asesoría Jurídica del Consejo General de los COAPI de España.
“En Cataluña la técnica de la pizza ya se les ocurrió en 2018, cuando salió la ley de desahucio exprés. Es un mecanismo conocido, pero es posible que ahora se esté extendiendo a otras zonas de España”, explica Junyent. Y añade que el problema es que “a través del ticket, los okupas intentan demostrar que viven en esa vivienda. Y entonces no es un desalojo inmediato, porque la policía no tiene autoridad suficiente para actuar si no lo ve claro”.
“¿Cuándo se puede desokupar? De lo que habla la normativa es de delito flagrante; es decir, si los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ven que se produce el delito. Pero una vez que se ha producido el delito y el okupa está dentro del inmueble, ya no se puede hacer nada, y además lo justifica con el ticket de la pizza. En esta situación, el caso ya pasa a manos de un juez para que lo analice”, recalca la responsable de Asesoría Jurídica del Consejo General de los COAPI de España.
Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), referentes a 2021, los fallos judiciales en firme para desalojar a los okupas tardaron de media 18,1 meses, incluyendo los “procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas» de los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción en lo civil (9,6 meses) y las «apelaciones de sentencias de juicios verbales» de las Audiencias Provinciales (8,5 meses). Esto significa que los propietarios tuvieron que esperar de media año y medio para recuperar su vivienda tras sufrir una okupación ilegal.
Las tácticas llegan a otras partes de España
Pero el problema es que la ‘técnica Telepizza’ que empezó a coger fuerza en Cataluña hace cuatro años ya se está produciendo también en Madrid, Andalucía y buena parte de Levante. “No es que esté generalizada, pero casi”, asegura Emiliano Bermúdez, subdirector general de la red inmobiliaria donpiso.
Desde la Organización Nacional de Afectados por la Okupación (ONAO), también manifiestan que esta táctica está operativa en muchas partes de España e insisten en que “la policía vive en un estado parecido al acoso institucional y político. Con pocos recursos, alta politización en los mandos, mucho inepto político dando órdenes y represalias con el que se mueve fuera de las instrucciones. Eso explica que un simple ticket tenga la fuerza de un acta notarial. Hasta que tengamos un cambio político solo veremos apoyo a la delincuencia okupa”, sostiene Toni Miranda, presidente de la ONAO.
En esa misma línea, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) recuerda que “los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ante las distintas triquiñuelas y atajos de los okupas para confundir a la autoridad policial y enmascarar la ocupación ilegal de la vivienda, no quieren arriesgar su puesto de trabajo. Esto es así porque, si hubiere alguna denuncia contra su intervención de entrada en los domicilios ocupados, se estarían jugando, además de una sanción económica mucho mayor que la de los okupas, la inhabilitación especial, con consecuencias que podrían llegar a la pérdida definitiva de su condición de policías o guardias civiles, y a la incapacidad para acceder durante el tiempo de condena a otros empleos similares, como así lo regulan los artículos 42 y 534-1-1º del Código Penal”. Por eso, recalca, “cuando tienen dudas en cuanto a su intervención, les pasan el problema a los jueces y a partir de ese momento los plazos se eternizan”.
Más allá de la ‘técnica Telepizza’, los grandes caseros denuncian que también se está generalizando últimamente en España la petición de dinero por parte de las mafias para abandonar los inmuebles okupados. Según explica a idealista/news un alto directivo de uno de los mayores propietarios de viviendas del país, “me preocupa que el nivel de incentivos de salida parece ya algo normal: pagar unos 3.000 euros para recuperar un inmueble, aunque en algunos casos incluso llega a 5.000 euros”.
Aunque si hay una táctica que está proliferando en los últimos meses es lo que la Organización Nacional de Afectados por la Okupación denomina “la ‘inquiokupación’, donde el okupa cambia la patada en la puerta por un contrato de alquiler, real o ficticio”. Según Toni Miranda, esto “está provocando la caída de la oferta de alquiler” y es “gentileza del Gobierno de Pedro Sánchez y su política de protección a los okupas”.